Desde el aparato político y mediático se ha instaurado la idea en la mente del común de la sociedad que no existen alternativas viables de ningún tipo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo desde distintos actores sociales han surgido propuestas legales coherentes y completas que defienden no sólo los derechos del niño por nacer sino también promueven la ayuda a mujeres cuya integridad haya sido vulnerada en una violación.

Después de la Segunda Guerra Mundial la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; partiendo de esa base en 1989 se realiza la primera convención por los derechos del niño, y en ella se declara –sin mediación religiosa alguna- el derecho del niño como ser pleno de derechos desde su concepción. Así también la Argentina se encuentra adherida al Pacto San José de Costa Rica que establece los derechos del niño desde la concepción; ambos casos por tratarse de acuerdos internacionales, tienen el mismo peso que una ley nacional en nuestro país. Estas son dos de los tantos argumentos  que encuentra  el Colegio de Abogados de Tucumán  para oponerse al  protocolo de aborto no punible que se promueve desde el gobierno nacional para actuar sobre las mujeres que se encuentren embarazadas como fruto de un acto sexual contra su voluntad, el cual vulnera los anteriores derechos.

Dicho protocolo permite que ante un caso de violación la mujer realice una declaración jurada en la cual declare haber sido abusada sexualmente para que se le practique un aborto en cualquier hospital del país. No obstante si la solicitante no realiza una denuncia al violador este quedará libre sin una investigación previa ya que desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia “se aconseja no judicializar la cuestión” según lo expresó el citado Colegio de Abogados de la provincia norteña.

Esta medida no contempla el hecho de que según estadísticas de entes gubernamentales el 80% de las violaciones ocurren en el ámbito familiar por lo que de aprobarse en todo el país dicho protocolo, se promovería el abuso sexual sistemático de aquellas mujeres que conviven con el violador en su hogar al mismo tiempo que este quedaría impune. Así lo han evaluado los especialistas de Frente Joven, una coalición civil presente en distintas provincias, que ha presentado dos alternativas legales al protocolo promovido desde el gobierno nacional.

En la provincia de Mendoza presentaron en la Legislatura provincial las propuestas de la Ley de Protección Integral de embarazadas y del niño por nacer y la ley 62.903 prevención, asistencia y  compensación de las mujeres víctimas de violación seguida de embarazo según lo informó Bárbara Bajda, vocera de la institución. Ambas buscan darle un tratamiento más abarcativo al tema y recalcan la necesidad de proteger integralmente tanto los derechos de la mujer como del niño en su vientre sin necesidad de oponerlos.

Durante el fin de semana pasado se realizaron en toda la provincia cuyana movilizaciones a favor de la aprobación de estas leyes y en contra del protocolo no punible organizadas por la sede mendocina de Frente Joven. En las mismas participaron distintos actores sociales del rubro de la salud, jurídico y de distintas ong’s que incluían a representantes de los padres en pos de la adopción.

Para finalizar esa seguidilla de movilizaciones  a nivel provincial (pacíficas todas),  el día lunes  22 se organizó una mo-vida –como la denominaron los referentes de la coalición- frente a la Legislatura mendocina que convocó a más de quinientas personas. Se contó con la presencia de distintas organizaciones civiles como Red de Familias Solidarias entre otras y de distintos profesionales de la salud. Entre ellos se destacan como oradores el Dr. Fernando Saraví quien transmitió su experiencia profesional en el tema. También expuso en el acto el Dr. Abel Albino  presidente de la Fundación CONIN, una ong reconocida internacionalmente por su lucha contra la desnutrición infantil,  quien junto a Saravi y los médicos del público renovaron ante todos los presentes su juramento hipocrático garantizando defender la vida humana desde su profesión.

La semana próxima se efectuará la discusión de ambos proyectos de ley en la Legislatura de Mendoza según informaron fuentes cercanas al caso. De aprobarse estas leyes constituirían un antecedente para que se aplique en el resto del país y de esa manera comenzar a resolver una temática tan profunda como presente en nuestra realidad nacional.