La Articulación Nacional para la Copa del Mundo, un espacio que coordina a los ciudadanos que se organizan contra los efectos negativos del Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos 2016 en 12 ciudades del país, ha relevado que unas 250.000 personas fueron desalojadas de sus hogares o están bajo la amenaza de serlo en un futuro cercano. ¿El motivo? Las obras de infraestructura que el gobierno de Dilma Rousseff impulsó para albergar los dos mayores eventos deportivos del mundo.
Los costos
Las obras emprendidas no son sólo para estadios, sino que también incluyen el mejoramiento de sus alrededores, los medios de transporte, aeropuertos, puertos, instalaciones para telecomunicaciones, seguridad, turismo, y diferentes instalaciones temporarias. Todo eso prevé un gasto de 25 mil millones de reales, o su equivalente, un poco más de 11 mil millones dólares, muy lejos de lo que gastaron Sudáfrica y Alemania en mundiales anteriores.
De acuerdo con Larissa Araújo, vocera de Articulación Nacional para la Copa del Mundo, en cada una de las 12 ciudades que funcionarán como sedes del mundial de fútbol existen proyectos de obras específicas que son incluidas en la «Matriz de Responsabilidad del Mundial«. Esta categoría, creada por el gobierno brasileño, permite un tratamiento especial en términos del proceso de licitación y también de cuestiones vinculadas a los permisos ambientales. «Esta disposición permite justificar velozmente y sin tener que dar demasiadas explicaciones la violación de los derechos de los ciudadanos para la expulsión y el derrumbe de sus casas», detalla Araújo.
La otra cara
Los sectores de menores recursos han sido los principales afectados por los desalojos para las construcciones de obras de los eventos deportivos. En la mayoría de los casos se han cometido graves violaciones a sus derechos, incluida la falta de notificaciones, las demoliciones nocturnas o el pago de indemnizaciones por debajo del valor de las propiedades.
Nelma Gusmao de Oliveira, (especialista de la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahia (UESB) y autora del trabajo «El poder de los Juegos y los Juegos del Poder») señala que detrás de la construcción de las obras, existe el objetivo explícito de expulsar a las clases bajas a las afueras de las ciudades mundialistas.
«Las obras son pensadas intencionalmente para construirse exactamente sobre los terrenos ocupados por barrios pobres y favelas. Una vez que los habitantes del lugar son desalojados, éstos no son reubicados en zonas cercanas como está previsto por la ley, sino que son expulsados a barrios alejados, hasta 60 kilómetros de distancia de sus hogares. Se trata de una clara ‘limpieza social‘», explica la especialista.
La organización Amnistía Internacional (AI) también se refirió a los desahucios como «innecesarios» y expresó en un comunicado que, en el caso de Río de Janeiro, donde se calculan unos 38.297 de desalojos, los Juegos Olímpicos fueron utilizados como una «excusa».
Por su parte, si los habitantes que son desalojados no aceptan ser reubicados, el Estado les ofrece una pequeña suma de dinero que ronda los 2 mil doscientos dólares, muy por debajo del valor de mercado de su vivienda original, lo que los imposibilita a comprar otra propiedad en las favelas de las inmediaciones.
Los proyectos de infraestructura son tan ambiciosos que afectan incluso a los barrios acomodados de las ciudades. Allí, sin embargo, las intervenciones han sido mucho más cuidadosas.
«Al contrario de lo que ocurre en las favelas, en las zonas de más recursos se intenta evitar demoliciones y generar el menor trastorno posible a los moradores«, dijo Gusmao Oliveira.
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En estos momentos, un mes antes de que empiece el Mundial Brasil 2014, el Gobierno de Brasil esta desalojando miles de familias en todo el país para que el mundo no tenga una mala imagen del país.