La empresa española cuenta con un sinnúmero de denuncias por contaminación en varios países de América Latina. Acusaciones de organizaciones ecologistas de España. Los vínculos con los paramilitares colombianos y algunas dictaduras de África.
La empresa española Repsol, que de no tener materia prima en su país se extendió como una mancha de petróleo sobre gran parte del continente de América del Sur y de África, ha sido acusada por propios y extraños de generar un alto costo económico, ecológico y social en los países donde ha desembarcado.
En la capital española, la organización Ecologistas en Acción de España ha denunciado en reiteradas ocasiones a Repsol-YPF en Madrid de manera taxativa, y ha desplegado fuertes campañas en su contra con consignas tales como “Repsol Mata”, “Fuera Repsol de Bolivia” y “Basta de prospecciones”, tal como consigna el sitio especializado en Ecología, Medio y Medio.
“Como resultado de la actividad industrial de Repsol-YPF hay ríos y aguas subterráneas contaminados y muertes por el uso domestico de estas aguas y un aumento de metales pesados registrado en las personas”, se aseguró desde esa organización.
“Donde opera Repsol-YPF se encuentran suelos contaminados con valores altísimos de sustancias peligrosos, epidemias de hepatitis, desnutrición, cáncer y enfermedades de piel. Se demostró una intoxicación crónica de hidrocarburos en la población que vive cerca de los yacimientos de gas o petróleo”, agregaron.
Además, según un informe aparecido en sitio web de esa organización ecologista, miles de empleados de la multinacional en países como Perú o Ecuador viven en condiciones infrahumanas y trabajan sin la mínima protección, “expuestos a una grave inseguridad laboral”.
A su vez, acusan a la empresa de responsabilidad al ser uno de los mayores productores de dióxido de carbono (CO2) en España, negándose además a bajar las emisiones drásticamente, como está previsto en el Protocolo de Kioto.
La empresa española, siempre de acuerdo a los ecologistas peninsulares, saca de las fronteras de los países donde opera materia prima a muy bajo costo, dejando daños ambientales irreversibles, y vende a estos países hidrocarburos a precios internacionales. “Sus enormes beneficios la posicionan por encima de algunos Estados en cuanto a capacidad de inversión. Además, la transnacional dispone de mecanismos internacionales para proteger sus inversiones, como la OMC y el cuerpo diplomático español”, precisaron.
Las áreas naturales protegidas de importancia internacional no son obstáculo para el hambre de lucro de la empresa, como lo demuestran sus actividades en el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Isidoro Sécure, el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia); el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) y la Reserva Llancanelo (Argentina).
Repsol también está presente en 17 territorios indígenas en Bolivia, el Resguardo Único U´wa (Colombia), el Territorio Indígena Huaorani (Ecuador), varios territorios indígenas de los pueblos Ashanika, Shuar y Shipibo (Perú), y afectando a comunidades mapuches (Argentina).
En Argentina la empresa enfrenta al menos cuatro causas judiciales por contaminación. La Corte Suprema de Justicia de Argentina sentenció en contra Repsol-YPF prohibiendo la explotación de hidrocarburos en una reserva natural considerada uno de los humedales más importantes del mundo.
En 2002, fue presentada una demanda civil por las comunidades mapuches de Loma de la Lata, donde Repsol explotaba el mayor yacimiento de gas y petróleo de Argentina. Estas comunidades demandaron a la empresa por 445 millones de dólares por los daños que sufrieron en su territorio, y 138 millones de dólares por impacto sobre la salud –se han detectado elevados valores de metales pesados en sangre en la población indígena, como fruto de la contaminación del agua de las capas subterráneas–, vegetación, fauna, y afectación sociocultural.
Asimismo, se reclamaron 307 millones de dólares como coste de remediación de la superficie afectada. La consultora Umweltschutz estima que los trabajos de recuperación llevarán, por los menos, 20 años. Otro juicio, esta vez con resolución firme en 2005, mantiene la prohibición de explotar hidrocarburos en la reserva de Laguna Llancanelo, se informó desde esa organización.
También Amnistía Internacional en su informe “Un laboratorio de Guerra: Represión y Violencia en Arauca (Colombia), denunció a la empresa por facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército vinculadas con grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos.
En tanto, la situación en Nigeria, donde Gas Natural (el socio industrial de Repsol-YPF) consigue el 11% de sus reservas, es aún peor. El régimen militar dictatorial, tiene instaurado un auténtico estado de terror. En Guinea Ecuatorial el negocio de Repsol está amparado por la diplomacia española que le hace el juego a la dictadura militar.
