WASHINGTON.- Más de cinco meses después de que la legisladora Gabrielle Giffords fue baleada en la cabeza, la Casa Blanca aún no toma nuevas medidas para controlar las armas a pesar de que el presidente Barack Obama pidió eso tras el tiroteo.

El silencio del gobierno ha generado críticas de activistas partidarios del control de armas e incluso de algunos aliados demócratas de Obama. El senador demócrata Frank Lautenberg le dijo al mandatario en una carta la semana pasada que el gobierno «no ha mostrado liderazgo para combatir la violencia con armas».

Todo esto es consistente con la postura general que ha mantenido Obama sobre las armas desde que asumió el poder: aunque al principio de su carrera política defendió abiertamente el control estricto de éstas, ha sido más cauteloso desde que es presidente.

Casi nunca menciona el asunto, a menos que se le pregunte al respecto, y ofrece, a lo mucho, un apoyo tibio a leyes que alguna vez respaldó firmemente, como por ejemplo el volver a implementar una prohibición a las armas de asalto.

Eric Schultz, el vocero de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia «está consultando a los actores principales para identificar medidas de sentido común que mejorarían la seguridad de los estadunidenses y a la vez respetarían plenamente la segunda enmienda» constitucional, la cual defiende el derecho de los ciudadanos a portar armas.

Schultz no quiso comentar más, pero cualquier medida que tome el gobierno probablemente no satisfacerá lo que los activistas esperan ver, como por ejemplo la prohibición de cargadores de alta capacidad utilizados en el tiroteo que hirió a Giffords.

Cualquier cambio importante requeriría aprobar leyes nuevas, pero el gobierno considera esa posibilidad cerrada porque la mayor parte del Congreso se opone a las leyes de control de armas.

Un funcionario del gobierno involucrado en las negociaciones dijo que algunas de las propuestas que se están considerando es mejorar el sistema que usan los vendedores para verificar los antecedentes de los clientes y evitar vender armas a delincuentes.

Los activistas dicen que el sistema es poco efectivo y está lleno de lagunas legales. El funcionario habló a condición de mantener el anonimato porque las negociaciones son privadas.