El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno al informe para instar a los países miembros a eliminar cualquier obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y considerarlo como un «derecho humano». El denominado ‘Proyecto Matic‘ sobre «la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la UE, en el marco de la salud de la mujer» pretende además que esta práctica sea garantizada por la sanidad pública de los países miembros, aunque ello suponga menoscabar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
En el debate, la europarlamentaria balear del PP, Rosa Estaràs, expresó el rechazo de su formación a que el Parlamento Europeo pueda considerar el aborto como un derecho humano, como recoge la actual versión de un informe sobre salud reproductiva de las mujeres en la Unión que votará esta semana la Eurocámara.
«El aborto no es un derecho humano, puede ser un derecho jurídico recogido en algunos Códigos pero no es un derecho humano. Sólo son derechos humanos los que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como la objeción de conciencia», ha declarado Estarás durante el debate previo al voto de ese documento.
Según la eurodiputada, el planteamiento del informe «no empodera a la mujer ni refuerza la democracia en Europa». Estaràs ha criticado que los grupos de izquierda de la Eurocámara pretendan «repartir cartas de derechos, ser adictos a tener razón, imponer y vencer en lugar de convencer y pactar, o ideologizar los derechos humanos». Estaràs también ha expresado el rechazo del PP al artículo que recoge la denegación del aborto como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres.
Igualmente ha criticado que el artículo 37 de este informe intente establecer que la objeción de conciencia de los médicos supone una violación de los derechos de las mujeres y una denegación de la atención médica.
«Jamás deberíamos haber llegado hasta aquí», ha protestado la eurodiputada popular, que ha subrayado que el texto actual del informe «no tiene ninguna lógica jurídica y supone un mazazo» a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
