Washington. El gobierno
de Estados Unidos designó ayer como narcotraficantes a cuatro
funcionarios del gobierno venezolano, por su presunta colaboración con
los terroristas de las FARC en el tráfico de drogas y armas. 

La
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en
inglés), adscrita al departamento del Tesoro, identificó en un
comunicado los cuatro funcionarios como Amílcar Figueroa, representante
de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano; el general de cuatro
estrellas del Ejército venezolano, Cliver Antonio Alcala Cordones;
Freddy Bernal, congresista por el Partido Unidos Socialista de Venezuela
y exalcalde de Caracas; y Ramón Isidro Madriz Moreno, funcionario de
los servicios de inteligencia de Venezuela (SEBIN).

El documento
señaló a Figueroa como un «proveedor principal de armas y un contacto
principal para los cabecillas de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) afincados en Venezuela» y ha ofrecido
también entrenamiento a la banda; mientras que acusó a Alcalá de «usar
su posición para establecer una ruta de armas por drogas con las FARC». 

Todos
esos nombres aparecían en los archivos del fallecido jefe de las FARC
Raúl Reyes, tras la polémica operación colombiana que acabó con su vida
en territorio ecuatoriano, en 2008, según fuentes de inteligencia.

A
Bernal, quien además fungió como alcalde de la capital venezolana, lo
señaló por «haber facilitado ventas de armas» entre el gobierno
venezolano y las FARC; mientras que Madriz «ha coordinado seguridad»
para la banda a la que Washington considera terrorista. 

Ante los
señalamientos del Departamento del Tesoro Bernal dijo, en su cuenta de
Twitter, que «si pretenden amedrentarme con su lista gringa, ahora más
que nunca rodilla en tierra x (por) Chávez y la revolución!! Es una
agresión a la patria». 

La designación está acompañada del
congelamiento de bienes que estas personas puedan poseer en Estados
Unidos, y prohibe a entes estadounidenses a realizar transacciones con
los designados o sus bienes, tal como establece la ley de designación de
cabecillas del narcotráfico extranjero (Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act), de diciembre de 1999, que declara quiénes o qué tipo
de organizaciones son narcotraficantes en el extranjero para aplicar
medidas financieras en su contra. 

«La decisión de hoy expone a
cuatro funcionarios del gobierno venezolano como colaboradores clave de
armas, seguridad, entrenamiento y asistencia de otro tipo a las
operaciones de FARC en Venezuela», dijo el director de OFAC Adam Szubin. 

«OFAC continuará concentrándose en las estructuras de apoyo a FARC en Venezuela y en la región», agregó. 

En
2009, OFAC emitió una medida similar contra el ex ministro del Interior
Ramón Rodríguez Chacín y los jefes de organismos de espionaje Hugo
Carvajal Barrios y Henry Rangel Silva. 

Las misiones diplomáticas
de ambas naciones permanecen sin embajador desde que Caracas retirara en
2010 el plácet concedido a Larry Palmer, quien dijo durante su proceso
de confirmación en el Senado que la inteligencia cubana había infiltrado
a las fuerzas de seguridad venezolanas. 

Acto seguido, Washington
solicitó a Bernardo Alvarez que no volviera a la embajada cuando
hubiera concluido la pausa decembrina. 

Contactado por la AP, el gobierno colombiano no hizo comentarios inmediatos sobre la nueva designación. 

El
Presidente Juan Manuel Santos ha dicho recientemente que Chávez le está
colaborando más estrechamente en capturar a terroristas colombianos en
territorio venezolano. 

Sin embargo, el jefe de las fuerzas
armadas que Santos relevó esta semana comentó en agosto que las FARC
todavía tiene campamentos en Venezuela.

En la mira

Washington,
que mantiene una conflictiva relación con Venezuela, considera que el
gobierno de Hugo Chávez y el boliviano de Evo Morales han «fracasado
manifiestamente» en la lucha contra el narcotráfico, según el último
informe anual antidrogas del Departamento de Estado.

EE.UU. considera que la corrupción del crimen organizado ha penetrado en las altas esferas del poder en Caracas.

El tráfico de cocaína en Venezuela aumentó de 50 toneladas métricas en 2004 a 143 toneladas métricas en 2009, según el informe.

La
presencia de los terroristas en territorio venezolano fue denunciada
por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en 2010, y provocó
inicialmente un duro pulso entre ambos países vecinos.

Las FARC
fueron ingresadas en el Kingpin Act en 2003 por el presidente George W.
Bush. La banda, una de las más antiguas en América Latina, es
considerada una organización terrorista por el Departamento de Estado
desde 1997.

En sus más de 45 años de existencia, han sido acusados
de atentados, asesinatos, secuestros y extorsiones contra militares,
funcionarios, empresarios y civiles.

Su relación con el gobierno venezolano ha sido negada en varias ocasiones por Chávez y miembros de su gabinete. —Agencias