Un día después de la masiva movilización ciudadana contra la reforma laboral y la política económica del gobierno español, el Ejecutivo de Rajoy anunció el proyecto de presupuestos con el que pretende reducir el déficit público de 8.5 a 5.3 por ciento, tal y como le exigen las autoridades monetarias y financieras de la Unión Europea (UE), al ver en España uno de los principales riesgos para el contagio de una nueva crisis en la región.
Rajoy no compareció ante los medios de comunicación para informar de uno de los recortes más severos en la historia reciente del país, a pesar de que durante la campaña electoral que le llevó al poder en noviembre pasado prometió que ni subiría impuestos ni debilitaría los servicios públicos básicos. En nombre de Rajoy habló su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quienes explicaron los principales ajustes como una urgencia para salir de la crisis y recuperar la «confianza de los mercados».
Como era previsible, la mutilación de 27 mil millones de euros en el presupuesto afecta a prácticamente todas las áreas públicas: la educación, la salud, las infraestructuras, la justicia, la cultura y el deporte. Además de que todos los ciudadanos pagarán de alguna manera los efectos de la crisis, con un aumento generalizado de la tarifa de la luz y el gas, y un importante incremento en el impuesto de sociedades. Además de que se mantienen algunas medidas aprobadas por el anterior gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de congelar el sueldo a los funcionarios públicos, únicamente «actualizarán» las pensiones más bajas y sólo prevén mantener las ayudas a las personas sin trabajo, pero con algunas excepciones, al prever una reducción de mil 500 millones de euros en este rubro, y el gasto previsto para las becas. La cooperación al desarrollo también sufrió una importante reducción, de algo más de mil 300 millones de euros, en un área que sobre todo atiende a proyectos humanitarios en los países más pobres del planeta.
Una de las cuestiones que más indignación provocó fue la aprobación de una amnistía fiscal para presuntos defraudadores de «cuello blanco», que según las estimaciones del gobierno tienen algo más de 25 mil 500 millones de euros, invertidos en paraísos fiscales o que se guardan como «dinero negro» al interior del país. Este capital sólo pagará 10 por ciento sobre el patrimonio, una cifra sensiblemente inferior a lo que paga cualquier ciudadana, que oscila entre 20 y 45 por ciento de su salario.
Uno de los ministerios que más recortes sufrió fue el de Educación, Cultura y Deporte, en el que se aprobó 21.2 por ciento menos que el año anterior, con lo que el dinero que se invierte en esta sensible área será de algo más de 3 mil millones de euros. Una cifra sensiblemente superior a los recortes que se aprobaron en Defensa, que apenas superaron 8 por ciento, lo que supondrá un presupuesto anual de 6 mil 500 millones de euros. Más del doble de lo que se destinará a Educación, Cultura y Deporte.
Fuente: La Jornada
