de los estudiantes para intentar acercar posiciones y encauzar el
diálogo. El movimiento estudiantil, que reclama una educación gratuita y
de calidad, anunció que convocará a nuevas marchas.
gobierno a acoger sus demandas para iniciar un diálogo y anunciaron
nuevas movilizaciones, incluidos dos paros nacionales en septiembre.
«El
gobierno ha hecho la apuesta de que el movimiento estudiantil está
debilitado. No es así. Este movimiento tiene todavía capacidad de seguir
en pie«, sostuvo Francisco Figueroa, vicepresidente de la federación de
estudiantes de la Universidad de Chile.
Las nuevas
movilizaciones responden a la posición del gobierno del presidente
Sebastián Piñera de rechazar dos de las cuatro garantías demandadas por
estudiantes universitarios y secundarios para iniciar un diálogo que
ponga fin a las protestas iniciadas hace cuatro meses.
Llamó la
atención que, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones,
no ejercieron la vocería de las cúpulas estudiantiles de las 25
universidades estatales chilenas los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio
Jackson, los más moderados dentro del movimiento universitario, según
analistas.
«Lamentamos profundamente que el gobierno se haya
negado a entregar condiciones, la verdad mínimas, de sentido común…
porque nosotros estamos dispuestos al diálogo«, añadió Figueroa.
La negativa complicó aún más el panorama que afecta a la educación chilena, una de las más desiguales del mundo.
Los
universitarios exigen una educación de calidad, igualitaria, gratuita y
el fin del lucro, mientras los secundarios demandan que la
administración de sus escuelas salga del ámbito municipal y retorne al
Estado.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, fue el encargado
de entregar la posición oficial, mientras los líderes universitarios
estaban reunidos en el vecino puerto de Valparaíso.
universitarios exigían paralizar la discusión y envío al Congreso de
proyectos relativos a la educación; eliminar el plazo del 7 de octubre
para cerrar el semestre académico, suspender la entrega de dineros
fiscales a las universidades que lucran con ellos y la transmisión
directa de las negociaciones.
El gobierno aceptó parcialmente las
dos últimas, al señalar que entregará actas de las reuniones, en caso
de concretarse, y que fiscalizarán, a futuro, el lucro en los planteles
privados.
Mantener los plazos para cerrar el año escolar
implicará que unos 80.000 secundarios repitan al carecer del porcentaje
mínimo de asistencias, mientras otros 160.000 aceptaron alternativas
para aprobar, como rendir exámenes libres. Los universitarios perderán
las becas y créditos por no cerrar el semestre académico, y deberán
abandonar sus estudios por falta de dinero.
Los plazos son
calificados de presiones del gobierno, pero Bulnes respondió que las
fechas «estaban previstas antes de que comenzara este conflicto». En el
caso de los secundarios, dijo que aunque extendieran el año escolar
hasta fines de enero del 2012, no se cumpliría con las semanas mínimas
de clases. «No es que no queramos, es que no se puede«, aseveró.
Sobre
la paralización de los proyectos de ley relacionados con una rebaja en
los créditos con aval del Estado y la reprogramación de 110.000 morosos
que figuran en un listado nacional que les impide contraer préstamos
habitacionales, en casas comerciales e incluso, a veces, encontrar
trabajo, Bulnes afirmó que «no vemos cómo (el hecho de) tramitar este
proyecto podría ser un obstáculo a nuestro proceso de diálogo».
«Ratificamos
nuestra apertura y esperamos que ese ánimo también esté en los
estudiantes y que no haya imposiciones», enfatizó el ministro.
