En medio de un foco de tensión por la reivindicación de tierras en el sur chileno, el gobierno quedó mal parado para lograr que sea acreditada su tercera acusación de casos de terrorismo.
El fin de semana en La Araucanía, a unos 700 km al sur de Santiago, encapuchados atacaron una hacienda privada, a un grupo de policías y a reporteros, mientras que un allanamiento de fuerzas del orden a una comunidad mapuche dejó dos heridos.
La casa de uno de los líderes de los mapuches -la mayor etnia nativa chilena- fue también incendiada de manera intencional, según denunció su propietario.
Los ánimos volvieron a encenderse en esta región, foco de tensión constante debido a la reivindicación de tierras por los mapuches, después de que el gobierno apuntara que un grupo radical de la etnia estaría detrás del incendio forestal que el jueves mató a siete brigadistas en la comuna de Carahue.
Para investigar este caso, el gobierno recurrió a una severa ley antiterrorista, que endurece las sanciones y que ha sido aplicada en otros casos contra los mapuches, lo que ha provocado la condena al Estado chileno.
“UNA DECLARACIÓN DE GUERRA”
«La aplicación de esta ley se ve por parte de los mapuches como una declaración de guerra de parte del Estado chileno«, señaló el analista de la Universidad de Chile, Ricardo Israel, quien recordó que terminar con esta normativa fue la principal exigencia de las extensas huelgas de hambre que realizaron mapuches los últimos años.
«Probablemente el gobierno no la hubiera invocado si no hubieran muerto los siete brigadistas, considerando la serie de problemas internos que esta medida conlleva y que políticamente no le da dividendos«, agregó Israel.
Sin embargo, el gobierno resolvió efectuar su tercera acusación en base a la ley terrorista tras las realizadas en contra de un paquistaní detenido en mayo de 2010 en la embajada de Estados Unidos con rastros de explosivos en sus pertenencias y un grupo de anarquistas acusados de instalar explosivos caseros en Santiago.
En el caso del paquistaní, la Fiscalía desechó tras ocho meses de investigación realizar una acusación formal por falta de antecedentes, mientras que el grupo de anarquistas fue sobreseído en octubre al no poder demostrarse una «asociación ilícita terrorista». El Estado fue condenado también a pagar las costas de este proceso.
DEBATE SOBRE TERRORISMO
Ahora, la Justicia deberá determinar si el incendio de Carahue fue un acto terrorista. El gobierno apuntó directamente sus sospechas al grupo radical indígena Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se ha adjudicado en la zona otros ataques incendiarios pero que hasta ahora no había reivindicado este siniestro.
«La CAM tiene una jerarquía militar, pero no se sabe cuán articulados están», tras la detención de quienes son considerados sus máximos líderes, afirmó Israel.
«Si bien en la zona hay actos violentistas, reivindicatorios de parte de pequeños grupos, no hay evidencia de que haya terrorismo organizado, tanto que éste no es tema de defensa, simplemente está radicado en el ámbito social y policial», agregó.
«El gobierno intenta satanizar al movimiento mapuche, nos asombra que se haya aplicado la ley terrorista», señaló la socióloga Marta Lagos.
Para los mapuches la imputación fue considerada un acto racista y un intento por justificar la militarización de la zona, donde en los últimos días había aumentado la presencia policial, según reportan medios locales.
El ministro del Interior, Rodrigo «Hinzpeter es muy racista, porque en todas las quemas culpa al pueblo mapuche», señaló uno de los lonkos (jefes) de una de las comunidades, José Cariqueo.
«Esto tiene que ver con justificar la militarización de las comunidades y la aplicación de la ley antiterrorista», señaló de su lado la representante mapuche Natividad Llanquileo.
«Vemos claramente la diferencia de cómo se trata un caso y otro. No sólo en esta región ha habido incendios y el tratamiento ha sido distinto. Claramente hay una discriminación y una criminalización de la protesta mapuche», señaló.
Los mapuche -o «gente de la tierra» en su lengua nativa- fueron los primeros habitantes de Chile. Actualmente están reducidos a unas 700.000 personas, sobre una población de 16 millones de habitantes, exhibiendo los mayores niveles de pobreza.
No cuentan con un líder definido. Sólo en La Araucanía existen unas 2.000 comunidades diferentes, cada una con reclamos distintos.
