El proyecto de inclusión social que ofreció en su campaña electoral el
presidente de Perú Ollanta Humala se enfrenta en Cajamarca con una dura
prueba, en la que debe equilibrar las necesidades del desarrollo
económico con el respeto a las derechos de las comunidades y a los
compromisos con inversionistas extranjeros.

Hace poco más de una semana, Humala trató nuevamente de asegurar al
pueblo peruano y a inversores extranjeros que, bajo su liderazgo, las
empresas mineras podrían seguir teniendo rentables ganancias sin afectar
a las comunidades preocupadas por los impactos de las actividades
extractivas.

«La minería no ha cumplido con el rol social de atender a las
comunidades y ese abuso ha generado un clima de desconfianza,» dijo el
mandatario peruano el 24 de noviembre.

«Ese clima nos polariza y nos divide entre oro o agua. (…) Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez.»

Perú tiene una tradición minera centenaria, y la
minería sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Pero
eso tiene un coste social y medioambiental.

Cuando Humala tomó la presidencia en julio,
heredó docenas de conflictos de pobladores que rechazan la explotación
minera y temen por la contaminación de sus tierras.

Las protestas solían resolverse con le envío de
militares y la restrición de las libertades civiles, pero el mandatario
prometió un cambio radical de ese pasado.

Sin embargo, después de 11 días de una huelga en
rechazo a un gigantesco proyecto minero en la región norteña de
Cajamarca – la mayor inversión en la historia del país- y violentos
enfrentamientos entre policía y comuneros, el presidente siguió los
pasos de sus antecesores y declaró estado de emergencia.

«El Gobierno tiene la obligación de garantizar
la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios
básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y
que se preserve la propiedad pública y privada,» dijo Humala en un
mensaje a la nación el domingo por la noche.

Por 60 días los pobladores cajamarquinos no
podrán reunirse o transitar libremente en el territorio. Las fuerzas
armadas, además, apoyarán a la policía en el control del orden público.

Con un coste de US$ 4.800 millones, el proyecto
Conga de extracción de oro y cobre, cuya socia mayoritaria es la empresa
minera estadounidense Newmont, prevé secar cuatro lagunas andinas y
remplazarlas con reservas de agua artificiales.

Pese a que ya se hizo y fue aprobado un estudio
de impacto ambiental, los manifestantes temen que dicho proyecto llevará
a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua utilizadas para
la agricultura y la ganadería.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del
Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, cree que el gobierno debería
antes que todo restablecer la confianza entre la población y la empresa
minera.

«Es posible tratar de encontrar condiciones en
la cuales la actividad minera en una zona como Cajamarca pueda
desarrollarse,» dijo del Castillo a BBC Mundo.

«Pero antes del inicio de esta paralización, el
gobierno señaló que el proyecto seguiría adelante de todas maneras. Creo
que esto detonó la protesta última en la forma en que la hemos visto.
No fue la respuesta más flexible.«

Sin embargo, Miguel Santillana, investigador principal del Instituto
del Perú de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, no cree que
el gobierno haya sido intransigente con el proyecto Conga, sino que el
presidente hizo promesas electorales que no son viables.

«Hay videos donde Ollanta Humala candidato
apoyaba la defensa del tema ambiental en contra de la minería,» dijo
Santillana a BBC Mundo.

«Pero el Ollanta Humala presidente se ha dado cuenta que tiene que ser responsable por la vida de 30 millones de personas«.

«Él quiere hacer una gran transformación. Y para
hacer esa transformación, se necesitan recursos fiscales y altas tasas
de inversión privada de capital peruano y extranjero en la economía
nacional. Entonces, no se puede estar en contra de proyectos mineros
como si al Perú le sobrara la plata.«

Un tercio de la población peruana aún vive en
pobreza, y el presidente ha prometido una redistribución de las
ganancias mineras para que beneficien mayormente a los sectores
marginados.

Sin embargo, según Jorge Chávez Granadino,
investigador del Foro Nacional Internacional, una ONG que promueve la
gobernabilidad democrática, Perú debería apostar a dar un salto adelante
como otros países, para no tener que seguir dependiendo tanto de la
minería y así evitar los conflictos sociales que esa genera.

«Costa Rica es un país que ha tomado la opción a
orientarse a ciertos servicios – ambientales, turísticos y
tecnológicos,» dijo Chávez Granadino a BBC Mundo, «y está pudiendo dejar
incluso actividades mineras para dedicarse a lo otro con rentabilidad.«

«Siempre es posible pensar en esta alternativa» la cual, según el analista, tardaría entre 20 y 30 años en desarrollarse.

«En el corto plazo, tenemos que ver cómo
ordenamos esta transición«, afirmó Chávez Granadino, quien es asesor en
temas de relación comunitaria y responsabilidad social para sectores
extractivos.

Chávez Granadino, como muchos otros, exhorta al
diálogo y estima que «si un sector tiene que bajarse de nivel en el
corto plazo para sostener el largo plazo, va a tener que hacerlo.«

«Pero no a cualquier costo,» concluyó.

Fuente: BBC Mundo