Patricia Acioli investigó a narcotraficantes y policías vinculados con
las mafias y los escuadrones de la muerte. Analizan casos que podrían
implicar a las bandas afectadas por las medidas en las favelas por el
Mundial de 2014. 

Funcionarios políticos y judiciales extremaron la
presión sobre los investigadores policiales que deben desentrañar el
asesinato de la jueza “anticorrupción” de Río de Janeiro Patricia
Acioli, acribillada por un comando el jueves cuando se aprestaba a bajar
de su auto e ingresar a su casa. Sin embargo, tal ofensiva no hizo más
que desnudar fallas y contradicciones en la protección que deberían
recibir los magistrados que actúan contra el crimen organizado de la
Cidade Maravilhosa y otros distritos brasileños. Casi un centenar vive
amenazado, pero sólo 42 tienen custodia. Acioli no la tenía. En lo que
no logran ponerse de acuerdo sus familiares y las autoridades es si fue
por decisión de ella o por negligencia oficial.

 
Mientras la Policía
Federal centraba ayer su hermética investigación en San Gonzalo, una
región de la ciudad de Niteroi –donde ocurrió el crimen– signada por la
inseguridad delictiva, una comisión integrada por tres jueces fue
designada para analizar los expedientes en los que trabajó en los
últimos años Acioli y en los que dejó inconclusos antes de que fuese
ejecutada con 21 tiros a quemarropa. Buscarán vinculaciones entre los
reos de esos procesos y las causales del crimen.

 
Las mafias de las
vans (cuyos servicios de transporte son tan ilegales como masivos, sobre
todo en las zonas empobrecidas de Río), las milicias y los grupos de
exterminio (como el que, en 1993, asesinó a ocho meninos da rua que
dormían frente a la iglesia de la Candelaria, en pleno centro carioca) y
las bandas de narcopolicías (afectadas por el “impacto logístico” de la
militarización de las favelas como parte de los preparativos del
Mundial 2014 y las Olimpíadas 2016). Estos son los responsables
materiales e intelectuales del asesinato de la jueza, según las
hipótesis más firmes que siguen manejando los investigadores.

 La
“señora del martillo de hierro”. Así se la conocía a Acioli por haber
condenado con mano dura y la máxima condena a aquellas y otras mafias
que operan en la capital fluminense. Sesenta policías fueron
sentenciados por ella por asesinatos bajo la figura de
“enfrentamientos”. Dos de ellos recibieron su pena horas antes de que un
grupo de sicarios le tendiera una emboscada mortal camuflándose en la
noche del coqueto barrio de Piratininga, donde vivía.

 
¿Por qué llegó
sola a su residencia ese jueves fatal? ¿Había pedido protección y le fue
negada debido a que consideraban que su vida no estaba en riesgo? ¿Se
la habían ofrecido y la rechazó porque, dura como sus sentencias, dijo
no tener miedo? Autoridades y familiares se trenzaron en una disputa.
“Ella había solicitado seguridad y le había sido rechazada. Hubo
negligencia”, aseguró una prima de la víctima luego del funeral, en el
que 400 personas reclamaron –paradójicamente– justicia. Pero el Consejo
Nacional de Justicia (CNJ) aseguró no haber recibido ningún pedido por
más que Acioli sufría amenazas de muerte, que habría informado a sus
superiores. De hecho, ayer se supo que, en 2009, fue abortado un plan de
una de las mafias de las vans para asesinarla.

 
Con todo, el CNJ
–organismo con funciones similares al Consejo de la Magistratura
argentino– admitió que “nos hemos quedado un poco en las medidas de
seguridad de los jueces”. Datos divulgados por este organismo indican
que apenas 42 jueces están bajo escolta policial, siendo que por lo
menos 69 fueron amenazados y 13 viven en “situación de riesgo” de vida.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Río, Antonio Siqueira,
avaló el descargo de responsabilidades del CNJ frente al caso Acioli.

 
Pese
al secreto de sumario, los medios brasileños dieron cuenta de la
existencia de otras hipótesis sobre el móvil del asesinato. El diario O
Globo informó que la policía no descarta un crimen pasional. Acioli
había terminado en 2009 una relación de cinco años con un policía porque
este rechazaba sus investigaciones por matanzas que llevaron a la
cárcel a compañeros de su fuerza. Él negó cualquier vinculación con el
hecho. 

Fuente: Tiempo El Argentino