Charles Ferguson se lanzó a la yugular al recibir el Oscar al mejor documental. «Tres años después de una crisis financiera causada por el fraude, ni un solo ejecutivo fue a la cárcel y eso está muy mal». El director de Inside job expresaba así entre aplausos la rabia dominante por los pecados de Wall Street, por los que no se han exigido responsabilidades. Descontento que se hizo oír esta semana en el preestreno de Too big to fail, el filme de la HBO que escenifica el rescate de la banca tras la quiebra de Lehman Brothers. No cesan las críticas contra los reguladores por no haber castigado a ningún ejecutivo, mientras se conceden primas exorbitantes, como los 23,4 millones de dólares (16,5 millones de euros) para Vikram Pandit en Citigroup.

 

Pese a las revelaciones que van y vienen del mundo financiero, los reproches han sido hasta ahora morales, como el de la investigación independiente del Congreso que analizó las causas del terremoto que sacudió los cimientos del capitalismo. Algunos ejecutivos cayeron, pero poco más en unos casos que se suelen resolver fuera de los tribunales.

  Angelo Mozilo, el fundador de Countrywide, es el que mejor simboliza el fraude de las hipotecas basura. La firma fue adquirida por Bank of America. En otoño el banquero pactó el pago de 67,5 millones de dólares por sus abusos, cantidad que irá a compensar a los inversores, y se le prohibirá dirigir una compañía cotizada. Como parte del arreglo, Mozilo no admitió haber hecho nada irregular.

Es lo que ocurre también con las firmas metidas en el complejo proceso de titulización de las hipotecas. Se calcula que durante la burbuja inmobiliaria se colocaron en el mercado un billón de dólares en CDO -un sofisticado producto financiero que reúne cestas de préstamos respaldadas por activos con alto riesgo de impago-. El colapso de este mercado agravó la crisis financiera.

La investigación a la máquina de hacer hipotecas vuelve a activarse. El fiscal del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, acaba de solicitar documentos a Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley para determinar si engañaron a los inversores sobre estos productos derivados.

Es complicado llevar la lista de investigaciones y litigios abiertos. Solo JP Morgan Chase, considerada la buena de Wall Street, se enfrenta a 10.000 demandas. Por lo que se ve forzada, como otras entidades, a poner miles de millones en reserva para cubrir los costes de lo que su consejero delegado, Jamie Dimon, califica como una «dura batalla» que llevará años.

La de Schneiderman, que resucita la investigación iniciada por su antecesor Andrew Cuomo, destaca sobre el resto porque es la más relevante en el negocio de la titulización desde que el regulador financiero (SEC) sellara el pasado verano un pacto con Goldman Sachs, que acabó desembolsando 550 millones de dólares por los «errores» en la estructuración del fondo Abacus.

En los CDO es donde se concentra el grueso del escrutinio a la banca. Aunque el fiscal neoyorquino quiere examinar todo el proceso, desde la concesión de la hipoteca hasta la colocación al inversor como un bono. Pero aunque Goldman se convirtió en el saco hacia el que se dirigieron los puñetazos de los legisladores en el Congreso, lo cierto es que no es el principal actor en ese mercado.

La SEC necesita cabezas. Pero le está resultando muy difícil probar que hubo una conducta irregular intencionada o ilegal. Está por ver, por tanto, si se presentarán cargos específicos contra individuos metidos en la estructuración y venta de activos hipotecarios de alto riesgo.

En el punto de mira tiene a JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America y UBS. Entre tanto, el fiscal Preet Bharara elevó más la presión este mes al demandar a Deutsche Bank por engañar de forma reiterada a la agencia de la vivienda, solicitando garantías para hipotecas que luego estructuraba. Le reclama más de 1.000 millones de compensación.

Hay muchos cabos sueltos para poder tirar de esta compleja madeja. La fiscalía neoyorquina presentó recientemente cargos por la vía civil contra la auditora Ernst & Young por hacer la vista gorda con la situación financiera de Lehman Brothers. Y en paralelo, los fiscales de 50 Estados investigan a la banca por el escándalo de los desahucios automáticos de viviendas morosas.

El Departamento de Justicia se desentendió hace un año de investigar los abusos que llevaron al derrumbe de la aseguradora AIG. La estrategia de Robert Benmosche, actual consejero delegado de AIG, es tratar de resolver esta y otras disputas legales lo más rápido posible. Eso le permitirá allanar el camino para que la Administración empiece a desprenderse del 92% del capital que sigue conservando en la compañía, por lo que se podría deducir que el Tesoro es el primer interesado en que no haya sobresaltos.

Por todo esto no es de extrañar que Eric Holder, el equivalente al ministro de Justicia en EE UU, esté siendo muy criticado por no lanzar causas criminales contra Wall Street. Este mes, ante el Senado, acusó a Goldman Sachs y Deutsche Bank de engañar a los inversores. La SEC insiste en que si no se puede probar una conducta criminal, no es por falta de dedicación. Para mostrarlo, acaba de abrir una sección en su portal en la que se muestran los cargos que presentó contra 32 ejecutivos por prácticas relacionadas con la crisis. Y cuantifica el valor de las sanciones en 1.340 millones, la mitad a cargo de Goldman Sachs, Mozilo y Citigroup.