En el 41 aniversario del golpe de Estado de 1973, la presidenta chilena, Michelle Bachelet , dio una señal inédita en materia de derechos humanos: su Gobierno anunció que pretende anular «con urgencia» la Ley de Amnistía, promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet, que permitió que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 quedaran impunes.

La derogación de esta ley fue una de las promesas de campaña de la mandataria socialista. «Hoy, nuevamente en democracia, Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre«, sostuvo Bachelet en un acto en el Palacio de La Moneda.

Si se aprueba la derogación -que requiere de mayoría simple en el Congreso-, quienes participaron en crímenes entre 1973 y 1978 podrían ser juzgados, aunque el propio Gobierno admitió que no tendría gran impacto y que sólo sería una medida «simbólica».

«No hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que ha sido no aplicar la ley de amnistía«, dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

También se impulsará la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos y se tramitará la eliminación de algunos beneficios penales para quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

La medida fue anunciada ayer por Gómez y por la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.

La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, pero es probable que se apruebe: el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras.

Bajo la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3000 personas murieron o fueron desaparecidas y otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la presidenta Bachelet.

Fuente: La Nacion