La justicia estadounidense ha confirmado su derecho a perseguir y
castigar a ciudadanos de cualquier país en cualquier lugar del mundo si
“tiene la intención de causar prejuicio a Estados Unidos”.
La justicia estadounidense ha confirmado su derecho a perseguir y
castigar a ciudadanos de cualquier país en cualquier lugar del mundo si
“tiene la intención de causar prejuicio a Estados Unidos”. Este derecho
de la fiscalía y los servicios especiales de EE. UU. fue confirmado por
el Tribunal Federal de Apelación tras examinar el recurso presentado por
los abogados del sirio Monzer Al-Kassar, sentenciado a 30 años de
prisión en 2009.
Monzer Al-Kassar, conocido como ‘Príncipe de
Marbella’, fue condenado por el Gobierno de EE. UU. por un intento de
entrega de armas a las FARC. Según verificó el juzgado, Al-Kassar aceptó
vender armamento a los agentes encubiertos de la Administración de
Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas que se hacían pasar por
guerrilleros colombianos.
Se trataba de cohetes tierra-aire y
otras armas que iban a ser utilizadas para luchar contra los militares
norteamericanos en Colombia. El tribunal declinó la apelación del sirio
afirmando que “había determinado correctamente su intención de dañar a
ciudadanos estadounidenses”.
Según la opinión de expertos
judiciales, esta decisión del tribunal va a influir en el curso de
varios juicios que se están tramitando ahora en el tribunal del distrito
de Manhattan, por ejemplo en de Victor Bout, acusado en EE. UU. del
mismo crimen que Al-Kassar, la venta de armas a las FARC. La defensa de
Bout solicitó más de una vez que cerraran el caso ya que no está dentro
de la jurisdicción estadounidense y no puede ser juzgado en el
territorio de EE. UU. Además los abogados de Bout insisten en que su
extradición de Tailandia fue ilegal.
Esos procesos judiciales
fueron discutidos en los últimos días entre representantes de Rusia y
Estados Unidos en el marco de la sesión de la Asamblea General de la
onU en Nueva York. El Ministerio de Exteriores de Rusia informó que se
llamó la atención de la parte norteamericana sobre la necesidad de
respetar los derechos de los ciudadanos rusos que se encuentran en el
territorio estadounidense.
