El lunes 27 de junio se firma en Bruselas el acuerdo conocido como Pacto del Euro, el cual, según sus promotores, busca dotar a la Unión Europea de mecanismos suficientes para poder hacer frente a la crisis de deuda en la que estamos inmersos.
Los paises firmantes (los gobernantes de la Zona Euro y Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonía y Rumanía) tienen previsto articular una serie de obligaciones y recortes que empobrecerán de forma alarmante al trabajador europeo, basándose en cuatro pilares, que teóricamente tendrán un efecto positivo en cuanto a recuperar la competitividad frente a otros mercados. Dichos pilares, tal y como han descrito perfectamente Juan Torres y Alberto Garzón -ambos del Comité Científico de ATTAC-, son:
1) Impulso de la competitividad: para lograr una mejora en la competitividad, los paises impulsores del Pacto del Euro recomiendan una bajada generalizada de los precios, y esta solo puede conseguirse, según ellos, mediante el descenso de los salarios, tanto de los empleados estatales como de los empleados privados. Se pretende que se reduzcan los salarios y también que se «aumente» la productividad.
Para lograr esto, se van a atacar los posibles acuerdos de subidas salariales y los procesos de negociación colectiva, intentando descentralizarlos, para que el empleador gane fuerza a costa de que sea el trabajador el que esté menos representado.
La pregunta que subyace en este punto es muy clara: Si el trabajador ve mermado cada vez más su poder adquisitivo, ¿quién va a consumir? Se generará un círculo vicioso del que solo se beneficiarán las grandes corporaciones transnacionales que no vivan exclusivamente del mercado europeo, y por contra, serán gravemente perjudicadas las pequeñas y medianas empresas.
2) Impulso del empleo: se pretende atacar la economía sumergida, al mismo tiempo que se contempla las reducciones de las cuotas que las empresas dedican a la Seguridad Social por cada empleado contratado. Teniendo en cuenta que los servicios sociales (sanidad, educación, pensiones) se deben considerar como una parte del sueldo de cada trabajador, una reducción de estas cuotas se traduce en una rebaja adicional del salario de cada ciudadano. Adicionalmente, al ver el Estado mermado su poder recaudatorio, el Pacto contempla el aumento de los impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales, etc).
3) Sostenibilidad de las finanzas públicas: el concepto sobre el que tratan de fundamentar este cambio es la supuesta inostenibilidad de los servicios públicos. Para ello van a acometer reformas «profundas» en los sistemas de pensiones, en el sistema sanitario y en el de prestaciones sociales. Se persigue una progresiva privatización del sistema de pensiones, bajando las cuantías que reciben los jubilados y haciendo que sea más difícil y lejano en el tiempo el alcanzarlas mediante el aumento de los años de trabajo necesarios, como ha ocurrido recientemente en España, por ejemplo.
4) Reforzar la estabilidad financiera: el más importante de los cuatro pilares, por su realidad, y el que es más acuciante reformar en profundidad, es precisamente en el que los firmante del Pacto del Euro menos ahondan, dejando entrever que su compromiso en este aspecto es escaso o nulo, pues pretenden simplemente «entablar debates estructurados en torno a la política tributaria». Mientras que en el resto de puntos se marca claramente la hoja de ruta hacia el empobrecimiento y privatizaciones, en este no se concretan medidas de ningún tipo.
Como ven, el próximo 27 de junio, los políticos europeos piensan acometer el mayor recorte conjunto y organizado que se recuerda en Europa.
A continuación Paco Álvarez nos explica el tipo de medidas que se quieren adoptar y a quienes afectarán de manera directa.