La información disponible muestra un panorama poco alentador, que supera con creces el promedio mundial de 8.8 por cada 100,000 habitantes en cuanto a la tasa de homicidios. El mapa de la violencia resalta la magnitud del problema, con especial énfasis en algunos países donde los datos son muy preocupantes.

Los crímenes, además, no afectan a toda la población de forma similar. Múltiples estudios han puesto de manifiesto la extrema precariedad de los jóvenes latinoamericanos, que son las víctimas principales de este fenómeno. Desagregada, la información de Brasil muestra las diferencias sustanciales entre las tasas de asesinatos de jóvenes, las que al menos duplican la situación nacional (ver infografía).

Lamentablemente, esta situación se reproduce también en Colombia y Argentina, con índices de homicidio juvenil de 70 y 27.7 por cada 100,000 habitantes respectivamente. En concreto, un reciente estudio encontró que la probabilidad de que un joven latinoamericano –entre 15 y 24 años– muera víctima de la violencia, es 30 veces superior a la de un europeo en general y 70 veces mayor a la de un  joven en países como Grecia, Hungría, Inglaterra o Japón.

Estos datos reflejan un proceso de descomposición ciudadana de grandes proporciones, que tiene enormes costos económicos, políticos y sociales para los países de la región. Un estudio recién liberado por el Banco Mundial (Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo), muestra que, en las naciones de Centroamérica, excluyendo a Panamá, “el costo económico total del crimen y la violencia es de 7.7% del PIB”. El mismo estudio indica que “una caída de 10% en el índice de homicidios podría incrementar el ingreso per cápita hasta en 1.0% en El Salvador y 0.7% en Guatemala y Honduras”.

La vida en las ciudades, que debería traer oportunidades y desafíos para toda la población, viene acompañada en América Latina de altos niveles de violencia, precariedad y vulnerabilidad. Según un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de México, 23 de las 25 urbes más violentas del mundo (según el número de homicidios por cada 100,000 habitantes) están en Latinoamérica (ver infografía).

Este negro panorama de la violencia latinoamericana se ratifica al analizar los datos de lesiones. Es decir, aquellos hechos de uso de violencia con heridos –principalmente de armas blancas– que tienen tasas altas en Colombia, Nicaragua, Argentina y Brasil, donde el número de lesionados fluctúa entre 308 y 373 por cada 100,000 habitantes. Diversas fuentes estiman que sólo 30% de las lesiones llegan a denunciarse, ya que muchas veces no requieren de hospitalización o son tratados informalmente. Como se ve en la infografía el caso chileno es muy llamativo por su magnitud, pero cabe recordar que, por un lado, incluye las lesiones graves y leves, y por otro, puede mostrar un problema de violencia cotidiana no necesariamente delictiva instalada en la vida de los chilenos.

Así visto, el panorama es de alta complejidad, debido a la descentralización y variación del fenómeno criminal en sus expresiones más violentas. La precaria calidad de los sistemas de investigación delincuencial, impiden saber las causas de estos delitos y su verdadera vinculación con el crimen organizado. En cualquier caso, se va dibujando un mapa rojo que se mueve sobre toda América Latina.

La cotidianidad del delito común

Para mayor precisión de los hechos cotidianos de criminalidad se utilizan normalmente las encuestas de victimización, que muestran el porcentaje de población que fue víctima de algún delito en el último año. Para el año 2010, los datos son alarmantes en El Salvador, que encabeza la lista en América Latina con un 70% de la población que dijo haber sido atacada por la delincuencia. Esta cifra es más del doble del promedio regional que se ubica alrededor de 30%. Eso quiere decir que, en la mayoría de los países latinoamericanos, una de cada tres personas ha sido víctima de un delito, incluyendo aquellos países que se consideran seguros, tales como Costa Rica y Chile.

La pregunta que surge es ¿por qué algunas naciones consideradas en el centro de la batalla contra el crimen organizado no presentan altos niveles de victimización? Brasil, México y Colombia no sobresalen en sus datos, lo que podría estar explicado por la hiperconcentración de homicidios en territorios o incluso barrios específicos. Así, no sólo se trata de países donde está presente la violencia del crimen organizado, que atemoriza a la población, sino territorios donde la ciudadanía en general es víctima de hechos delincuenciales de forma casi cotidiana.

Crimen organizado, pandillas y delito común

 El narcotráfico, vinculado especialmente a la cocaína, la cual se produce en 90% en América Latina y se consume en casi igual porcentaje en Estados Unidos, es una industria creciente, dinámica, tecnologizada y de altas ganancias. El combate a la droga no ha tenido éxitos evidentes. Después de más de dos décadas de intervenciones gubernamentales su uso ha bajado mínimamente en esa nación y la producción se mantiene prácticamente en los mismos niveles. Pero, como señalaremos luego, se han abierto nuevos mercados, los latinoamericanos, que han dejado de ser espacios de tráfico para entrar en la compleja espiral del consumo.

La articulación vertical del trasiego de drogas con otras actividades ilegales como el contrabando de armas y personas ha consolidado cárteles de enorme poder económico, tecnológico y violencia en múltiples países de la región. Luego de los años de los carteles colombianos, en la actualidad México es el país donde parece articularse esta industria, con tentáculos en Centroamérica, el Caribe y sin duda otros lugares de la región.

En México, el fortalecimiento de los cárteles, y la decisión del gobierno de Felipe Calderón de hacerles frente con toda la fuerza del Estado, se ha reflejado en un significativo aumento de la violencia. Según estadísticas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en el año 2008 –sólo un año después de iniciado el actual sexenio– se registraron 14,007 asesinatos en el país, con un incremento de 57% respecto al año anterior. En siete de los nueve años anteriores, esa estadística había estado a la baja. Desde entonces la situación no ha mejorado. El año pasado, según el secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandró Poiré, se produjeron 15,273 homicidios, atribuidos en su mayoría a los carteles de la droga. La prueba es que la mitad de los homicidios tuvieron lugar en solamente tres entidades del país: Chihuahua (30%), Sinaloa (12%) y Tamaulipas (8%), donde está concentrada buena parte de la actividad de los narcotraficantes.

En Centroamérica, la situación no es muy diferente. El llamado Triángulo del Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– es una de las regiones más violentas del planeta, debido en gran medida a la presencia del narcotráfico. Según el estudio del Banco Mundial, en la región hay cerca de 900 pandillas juveniles (o Maras) con un estimado de unos 70,000 miembros. Y aunque su contribución a la violencia es importante, no lo es tanto como se suele pensar. “Hay indicios –dice el estudio– que indican que son responsables solamente de una parte mínima de la violencia [diversas fuentes sugieren que quizás el 15% de los homicidios se relacionan con las Maras]”.

Lo cierto es que el drama del narcotráfico y el crimen organizado es un problema hemisférico que requiere respuestas a ese nivel. El combate local a las pandillas juveniles en Centroamérica, por ejemplo, ha tenido un éxito muy limitado con sus iniciativas de encarcelamiento, castigos y persecución. De hecho múltiples expertos consideran que son estas mismas políticas las que han llevado a la vinculación entre estos grupos juveniles y los carteles de la droga. Aunque el fenómeno está poco estudiado y nadie tiene mucha claridad sobre las formas y los objetivos del vínculo de las Maras en el proceso global de tráfico de personas, armas y drogas.

Lo único evidente es que el poder del narcotráfico pone en jaque las instituciones por su gran capacidad de corrupción y de infiltración en las instancias del Estado. La llamada narcopolítica es una pesadilla que ronda la región y que hoy se expresa en algunos países en conocidos casos de corrupción y de vinculación de importantes personalidades con los grupos criminales.

El crimen organizado es una industria con dueños, gerentes y trabajadores. El combate ha estado concentrado en terminar con el grupo más vulnerable, pero poco se ha hecho por consolidar una estrategia para atacar el lavado de dinero, los activos sin justificación, los delitos económicos en general. Lamentablemente las precariedades y vulnerabilidades de un alto porcentaje de la población latinoamericana aseguran la disponibilidad de personal para sumarse a las filas de un trabajo considerado peligroso, pero de altas remuneraciones. La vida no vale nada, dicen algunos que prefieren pocos días de poder y reconocimiento antes que toda una vida de desempleo, indigencia y pobreza.

La tragedia del mercado interno de drogas

Muchos expertos han puesto énfasis en que América Latina dejó de ser un lugar de trasiego de la droga, para transformarse en uno de consumo en cantidades cada vez más importantes. El aumento del mercado interno, la disputa por los territorios y la conformación de verdaderas industrias vinculadas a la cocaína principalmente, ponen en jaque diariamente la capacidad de control gubernamental.

La gráfica adjunta muestra el valor del gramo de cocaína en diversos países, comparando el mercado interno con el valor de traslado, principalmente hacia Estados Unidos. La información es clara, en el sentido de mostrar que cada vez más el negocio está en las altas ganancias que produce controlar el sector interno de consumidores. Y ésta es una situación que influye negativamente en el aumento del delito callejero, realizado por adictos que buscan calmar sus necesidades.

El mercado se mueve en forma casi perfecta según los datos de las Naciones Unidas. Es en los países considerados más seguros –donde los niveles delictivos son menores y se estima que los controles gubernamentales son más fuertes– donde el valor del gramo se dispara de forma más evidente. Estos datos, sin embargo, deben ser usados como referencia más que como puntos específicos del problema de la droga, principalmente por la volatilidad y poca transparencia del mercado. 

América Latina, un continente de temor

En general, la información recopilada muestra un panorama poco alentador sobre la situación de inseguridad y presencia criminal en la región. No es de extrañarse, entonces, que sean tan elevados los porcentajes de población que dice tener altos niveles de inseguridad (ver gráfica). Y que sienta, por lo tanto, una gran desconfianza en las instituciones, la sensación de abandono por parte del Estado y la necesidad de autoprotegerse frente al delito. La gente desarrolla además instintos protectores frente a la diferencia, y por lo tanto, aumenta la estigmatización y la fragmentación socioterritorial.

El vaso medio lleno

Pero la paciencia se está acabando. Los latinoamericanos se sienten cada vez más asediados por el crimen, la violencia y la delincuencia organizada. Los pocos datos disponibles muestran que el crimen ya no es un fenómeno local y que requiere de respuestas regionales y rápidas.  La intolerancia genera más violencia y, por ende, la olla de presión está en camino de estallar.

Los avances son tímidos en algunos países, especialmente a nivel urbano. No obstante, en la mayoría la situación ha empeorado sustancialmente. Los pocos datos que hay en el Caribe muestran una explosión del delito, una creciente presencia del crimen organizado y, por consiguiente, un aumento de los homicidios. El vaso está medio lleno, pero de impaciencia frente a un fenómeno que parece limitar los espacios de seguridad, tranquilidad y desarrollo de los latinoamericanos; de preocupación por la aparente incapacidad estatal para enfrentar los temas centrales de la consolidación democrática, y de urgencia de procesos serios para afrontar el problema en sus múltiples dimensiones.

El crecimiento económico y el desarrollo serán imposibles en un contexto marcado por la violencia, la corrupción y los ajusticiamientos. Este resumen muestra que las tareas de control y prevención son de emergencia y urgencia para evitar un mayor contagio criminal, para limitar los hechos extremos  violentos y para reconocer que unos pocos no pueden paralizar a un continente entero.