Mi carta es para refutar el proyecto de Ley Orgánica de Profesión Religiosa y Ética Laica (elaborado por el doctor Pablo Renato Villagómez Reinel, embajador,
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores), el cual es
contrario a nuestro anteproyecto de ley que se lo viene retrasando desde
hace unos dos años.

Al leer el proyecto de Ley Orgánica de
Profesión Religiosa y Ética Laica, desfilaron por mis recuerdos las
torturas de aquellos cristianos tras la cortina de hierro, como de otros
países donde se coartó la libertad de culto, y también aquellos
cristianos que fueron perseguidos y martirizados por estados donde las
religiones hegemónicas dieron muerte a los de otra fe religiosa.

Estoy
muy de acuerdo con una verdadera separación entre la política de Estado
y las religiones, conforme lo menciona el proyectista en el penúltimo
párrafo del considerando y de los artículos 16, 36, primer párrafo, y
otros con relación a la discriminación religiosa; este debe ser un
principio del Estado democrático para gobernar una nación con justicia
igualitaria.

Sin embargo, en el considerando onceavo y doceavo
párrafo, como en el artículo 1, segundo párrafo; artículo 4 después del
literal b), y en otros párrafos y literales de los artículos 5 al 9, 12
al 15; 21, 22, 27; 30, 31, 37; 41, 46; 50, 55, 58; 62, 63, 65, 68; 70,
74, 78; 81, 82, 84 al 88; 90, 91, 94, 95; se resalta una
descontextualización del laicismo ecuatoriano que está enriquecido por
la diversidad religiosa de ciudadanos que profesan su fe; y sin embargo
estarían amenazados por una doctrina laicista fuera del contexto
ecuatoriano.

Jesús dijo: “Dadle al César lo que es del César, y a
Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:21), por tanto, la Iglesia no puede
separarse del Estado, pero sí de la administración pública, de la
política administrativa del Estado.

Como lo dijo Jesús, el
ciudadano creyente debe reconocer dos obligaciones, la primera, cumplir
con Dios, y la segunda, con los deberes del Estado, siempre y cuando
estas obligaciones no vayan en contraposición de su fe.

Los que
profesamos una creencia también somos del Estado, tenemos legítimos
derechos de transitar, laborar…, y manifestar nuestra fe en los
espacios públicos, y con mucha más razón si somos la mayoría los que
profesamos distintas creencias; al menos un 90%, y no puede ser que el
pensamiento de uno se imponga sobre la mayoría.

Se debe respetar
la sustancia de la fe y sus religiones, no mirarlas como amenaza.
Reducir a la fuerza con normas jurídicas fuera de nuestra realidad, es
demostrar la incapacidad de poder convencer con sus filosofías a los
humanos.

Utilizando ciertos argumentos tratan de imponer desde sus pedestales su secular aversión religiosa.

Las
normas deben ser para regular, no para limitar libertades. ¿Cuál es la
doctrina del Estado laico y bajo qué contexto está elaborada esa
doctrina? Hay tres riquezas de contenido en los vocablos Estado, laico y
democracia, y todas recaen en el pueblo, de acuerdo a su realidad.

La
educación laica no puede difundir una teoría de la evolución y dejar a
los ciudadanos creyentes sin la teoría creacionista, eso sería un
sectarismo ateo y lesionaría el derecho a adquirir conocimiento
imparcial y neutral; además, si hay la intención de manifestar su
filosofía, los ateos también deberían ser reducidos a construir sus
propios templos, y a que no usen la plataforma del laicismo para querer
ganar ventaja; pero constituiría tirantez esta acción y desequilibraría
la armonía de la conjugación de valores.

Es hora de exigir los
derechos del sentido común, y una verdadera neutralidad (de la que tanto
se menciona en este proyecto de Ley Orgánica de Profesión de Fe y Ética
Laica) y de que se los agilite por parte del Ministerio de Justicia
para la Asamblea Nacional.