Justicia francesa investigará a Christine Lagarde, sospechosa de
haber intercedido de manera ilegal para conceder una millonaria
indemnización a un empresario en 2008; podría ir a la cárcel 

PARÍS, Francia, ago. 16, 2011.– La Justicia francesa abrió oficialmente
una investigación a la directora del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, por un presunto delito económico cometido en
2008, informaron este martes fuentes judiciales.

El Tribunal de
Justicia de la República (CJR), el único competente para juzgar delitos
cometidos por ministros durante su estancia en el cargo, eligió la
comisión de instrucción compuesta por tres magistrados del Supremo que
llevará a cabo la investigación.

Lagarde es sospechosa de haber
intercedido de forma presuntamente ilegal para conceder una millonaria
indemnización al empresario Bernard Tapie.

El nombramiento de los
tres jueces instructores era el siguiente paso del proceso después de
que el pasado día 4 el CJR se mostrara favorable a la apertura de la
investigación.

Los tres jueces deberán ahora determinar si
Lagarde cometió los delitos de «complicidad en falsificación» y en
«desvío de bienes públicos», faltas que se le imputan y por las que
puede ser condenada a diez años de cárcel y 150.000 euros de multa.

El
CJR autorizó la apertura de una investigación sobre la presunta
influencia ejercida por Lagarde en 2008 en la atribución de una
indemnización de 285 millones de euros al empresario Bernard Tapie por
la venta de Adidas, una de sus empresas embargadas a mediados de la
década de 1990.

La entonces ministra de Economía de Francia
decidió que el monto de esa indemnización fuera fijado por una comisión
de arbitraje privada y no por los tribunales.

Varios diputados
socialistas, sorprendidos por el elevado monto que el Estado debía pagar
a Tapie, acudieron a la Justicia para denunciar el procedimiento
decidido por Lagarde.

Además, la acusación también considera que
Lagarde conocía que algunos de los miembros de la comisión de arbitraje
habían trabajado en el pasado para Tapie.

Finalmente, le
reprochan además que no recurriera la elevada indemnización acordada,
que con los intereses se acerca a los 400 millones de euros, suma que el
Estado debe pagar a Tapie, empresario estrella en la década de 1980 y
ex ministro de Urbanismo de François Mitterrand, cuyo imperio fue
embargado por diversas irregularidades.